En el marco del XVI Encuentro Internacional de Economía Solidaria desarrollado en la ciudad de Neiva (Colombia), espacio que buscó fortalecer los lazos de cooperación y la construcción de un futuro más justo y sostenible; miembros del Movimiento Agroecológico Latinoamericano y del Caribe (MAELA) expresaron su solidaridad con el pueblo peruano por la crisis política y social que viola los derechos humanos y donde existe impunidad bajo el régimen de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra.
Asimismo, expresaron su respaldo a las organizaciones de base y a los ciudadanos y las ciudadanas que han salido a las calles a protestar a favor de la democracia, pues protestar no es un delito y corresponde al Estado peruano garantizar este derecho.
Cabe destacar que el MAELA es un movimiento que articula a organizaciones campesinas, de pequeños y medianos productores familiares, comunidades indígenas, comunidades sin tierra, de mujeres y jóvenes rurales, de consumidores y organizaciones sociales, que defienden la agricultura campesina y familiar agroecológica de nuestra América.
Muchos delegados del MAELA recuerdan que: ¡No hay agroecología sin justicia social!
Contexto actual del país:
Desde que Dina Boluarte juró a la Presidencia del país, miles de peruanos han salido a las calles para exigir su renuncia y la salida de todos los representantes políticos del Congreso. La represión por parte de agentes de la Policía y la violencia ejercida por algunos de los manifestantes han dejado a muchas familias en duelo. Mientras se profundiza el reclamo popular por un adelanto de las elecciones, el Gobierno se niega a dimitir y el Parlamento no muestra compromisos claros para resolver la extrema situación.
Desde que iniciaron las protestas sociales en diferentes regiones del país el 7 de diciembre de 2022, al menos 67 personas, entre ellas menores de edad, han muerto, muchas de ellas por impacto de armas de fuego, en el contexto de la represión de manifestaciones.
Existen múltiples reportes de organismos nacionales e internacionales que reportan que las autoridades peruanas (policiales y militares) respondieron con uso de la fuerza letal y uso excesivo de fuerza menos letal con el objetivo de silenciar y castigar a quienes se manifestaban, lo que resultó en graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional y solicitan al Estado peruano que garantice la rendición de cuentas a los posibles responsables.
